De la libertad de expresión y la actual censura de internet
Uno de los bastiones fundamentales de las democracias actuales es la libertad de expresión. De hecho, es uno de los principios rectores consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo moderno.
En la primera enmienda realizada a la Carta Magna que data de 1815, se estableció la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante las autoridades gubernamentales una compensación por agravios) y de reunión, sin la interferencia del gobierno.
Esta serie de garantías resultaron fundamentales para el ejercicio práctico de la democracia y aún hoy constituyen valores centrales para el goce efectivo de los derechos.
Sin embargo, aunque todo parezca positivo sobre el papel, la realidad es bien distinta, pues la libertad de expresión (ese valor supremo de las democracias occidentales) ha sido probada una y otra vez a lo largo de la historia. En no pocos episodios, estas libertades han sido censuradas, cuestionadas, coartadas o incluso muchas personas han sido llevadas a la cárcel por tener ideas políticas impopulares.
Baste recordar el oscuro período en la historia norteamericana comprendido entre 1950 y 1956 conocido popularmente como el Macartismo. En medio de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy extendió declaraciones, denuncias y acusaciones infundadas de personas sospechosas de ser comunistas bajo epítetos como “traición a la patria o subversión”. Varios individuos durante estos años fueron llevados ante tribunales y no se respetaron los procesos legales respectivos.
Este, que es sólo uno de los momentos donde se puso en cuestión la primera enmienda, demuestra lo complejo que ha sido su ejercicio, razón por la cual debe indagarse en torno a ¿qué límites y qué garantías tiene en la actualidad la libertad de expresión?
Esta cuestión toma especial relevancia debido al papel protagónico que ha tenido Internet como la moneda de cambio en las comunicaciones actuales. Volveremos más adelante sobre esto. Por ahora, es necesario mencionar que la libertad de expresión es una condición indispensable para que se den las demás formas de autonomía social. No obstante, estos derechos de manifestación tienen una serie de limitantes que varían de un país a otro, dependiendo del sistema legal.
Por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas excepciones a la primera enmienda tales como: la incitación a una acción ilegal inminente; el falso testimonio; la obscenidad; la pornografía infantil; infringir angustia emocional severa o brindar declaraciones que pongan en peligro la seguridad nacional.
Bajo el paraguas de esta última limitación, el gobierno de Estados Unidos ha justificado toda clase de abusos a la libertad de expresión de miles de ciudadanos pues ¿quién establece realmente qué pone en peligro la seguridad del país?
El caso reciente más sonado respecto a la violación del derecho a la libertad de expresión es el del periodista australiano Julián Assange, detenido de manera arbitraria en Londres, luego de que fuera retirado su asilo en la embajada de Ecuador. El fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks (un canal dedicado a la filtración de noticias de interés público) fue pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos. La pregunta es si la primera enmienda puede proteger a Assange.
Aunque las opiniones están dividas al respecto, lo cierto es que Estados Unidos puede crear un artilugio legal para condenar al fundador de WikiLeaks so pretexto de “haber violado la seguridad nacional”.
Por esa razón, los peligros a la interpretación de las libertades y derechos están siempre latentes y sujetos en buena medida a quién lo ordena. En otras palabras, la existencia de la autonomía de pensamiento y expresión es un tema de poder y no de derechos como lo comprueba el caso Assange.
En efecto, su captura fue una operación que violó absolutamente las convenciones del derecho internacional establecidas por el grupo de trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias. Pasando por encima de las leyes internacionales, los gobiernos de Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos aplacaron a uno de los periodistas que mayores revelaciones ha hecho en los últimos tiempos a propósito de las malas prácticas en política.
Por eso es claro que la persecución a Assange es una prioridad del gobierno norteamericano. En tal sentido, en su carrera a la presidencia Donald Trump manifestó: “Amo a WikiLeaks”, pero su discurso ha cambiado drásticamente y es probable que sea la principal figura política que promueva la extradición de Assange como un bálsamo para conseguir la necesaria popularidad, ampliamente requerida en estos tiempos pre-electorales. No obstante, el periodista de origen australiano parece no tener garantías para un juicio justo.
Además, según se ha podido establecer, el gobierno de Estados Unidos quiere juzgar a Assange por hacker y no por periodista. Esto quiere decir que su colaboración con Chelsea Manning (ex analista del ejército de Estados Unidos, quién filtró miles de documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán e Irak) para descifrar una clave que les dio acceso a documentos secretos, es el motivo enrevesado que quieren utilizar para condenar al creador de WikiLeaks. Lo preocupante es que un gobierno pueda decidir quién es periodista y quien no, o incluso pueda considerar qué se puede hacer público, lo cual genera una clara violación a la libertad de expresión.
Por ese motivo, el caso Assange tiene una consecuencia de fondo y es el hecho de que la promesa de libertad promulgada por Internet ha llegado a su fin. Dicho de otro modo, el mensaje que tiene implícito la captura de Assange es que el periodismo que se atreva a denunciar, cuestionar o desafiar al poder será perseguido y juzgado. La libertad de expresión se convierte entonces en un campo restringido donde se reproducen las ideas de los poderosos sin el mínimo atisbo de crítica o cuestionamiento.
Todo este entramado ha permitido hacer una reflexión en torno a la actual censura de Internet. De hecho, es una cuestión fundamental en los tiempos que corren: ¿qué criterios utilizar para saber qué se puede prohibir y que no?
En ese sentido, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook pidió en una carta publicada por The Washington Post “nuevas reglas” para “proteger Internet de los contenidos peligrosos” e instó “un papel más activo por parte de los gobiernos” para el control de los contenidos inapropiados o lesivos. Esta declaración la hace el hombre cuya empresa vendió los datos personales de millones de usuarios a diversas empresas entre ellas Cambridge Analytica, responsable de influenciar a millones de votantes en el mundo.
Por esa razón, la libertad sólo es útil cuando beneficia a los poderosos, pero cuando no los beneficia, la respuesta es otra: juicio y censura. Resulta, por decir lo menos, increíble que un hombre que ha dedicado su vida a combatir los poderes oscuros de la política mundial sea encarcelado y aquel que vendió información personal de millones de personas sea considerado un héroe mediático. Parece que las prioridades en este mundo están invertidas.
Con relación a lo anterior, en el pasado mes de marzo de 2.019, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de copyright, lo cual significa un duro golpe para la libertad de expresión en Internet. Dos artículos particularmente han resultado polémicos: el primero relacionado con el uso digital de las publicaciones de prensa desde citas a enlaces, otorgando a los editores el derecho a autorizar o prohibir su reproducción, lo que brindaría un poder sin parangón a los creadores.
Y la segunda relacionada con la vigilancia de contenidos protegidos por parte de las plataformas, permitiendo que “ciberpolicías” puedan monitorear a los usuarios. Para algunos analistas estas restricciones suponen el fin de una era de intercambio de conocimientos y contenidos que fue el propósito fundamental de los inicios de Internet. El hecho de que se hagan cada vez más rígidos los mecanismos para compartir la información significa, sin ambages, la limitación y control de los internautas por parte de un puñado de empresas de informática.
En efecto, esta medida viola claramente la libertad de expresión toda vez que restringe la libre circulación de información y limita las acciones de las personas so pena de ser acusados de infringir delitos virtuales. Al respecto, Simona Levi, fundadora de Xnet, “califica el monitoreo como una “gobernanza algorítmica” y aunque las medidas se circunscriben a los derechos de autor cree que se extenderán más allá amenazando a la libertad de expresión”.
La tendencia de los gobiernos es a restringir al máximo los usos de Internet y a bloquear las opiniones disidentes. En consecuencia, es posible esperar que en un futuro cercano los contenidos estén cada vez más limitados y las producciones condicionadas a cumplir un marco regulatorio que no es otra cosa que la castración de los derechos y libertades virtuales.
Por ello, el debate central será determinar los mecanismos que se emplearán para establecer qué contenidos serán “infractores” de cara a lo que viene. Como otro escenario de relaciones de poder, Internet constituye un bastión de disputa entre los gobiernos y la ciudadanía. Ejemplo de lo anterior es la polémica propuesta de la primera ministra inglesa Teresa May de crear una autoridad “independiente” que limpie plataformas de contenidos considerados peligrosos.
Sin embargo, ¿no es esta una forma de censura moderna? En la misma línea, en Singapur se ha presentado un proyecto de ley contra las fake news, donde se permite a cada uno de los ministros del gobierno, la corrección y la eliminación de cualquier contenido que considere falso, lo cual crea una preocupación en torno a la censura en los tiempos actuales.
Este complejo escenario hace pensar que las batallas por la libertad de expresión se librarán en la red y es oportuno que el mundo conozca que las dictaduras y tiranías comienzan cuando una opinión contraria a la mayoritaria es ocultada, silenciada o despreciada. La censura a Internet es un primer campanazo frente a un eventual gobierno global de dictadores cibernéticos.
En la primera enmienda realizada a la Carta Magna que data de 1815, se estableció la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante las autoridades gubernamentales una compensación por agravios) y de reunión, sin la interferencia del gobierno.
Esta serie de garantías resultaron fundamentales para el ejercicio práctico de la democracia y aún hoy constituyen valores centrales para el goce efectivo de los derechos.
Sin embargo, aunque todo parezca positivo sobre el papel, la realidad es bien distinta, pues la libertad de expresión (ese valor supremo de las democracias occidentales) ha sido probada una y otra vez a lo largo de la historia. En no pocos episodios, estas libertades han sido censuradas, cuestionadas, coartadas o incluso muchas personas han sido llevadas a la cárcel por tener ideas políticas impopulares.
Baste recordar el oscuro período en la historia norteamericana comprendido entre 1950 y 1956 conocido popularmente como el Macartismo. En medio de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy extendió declaraciones, denuncias y acusaciones infundadas de personas sospechosas de ser comunistas bajo epítetos como “traición a la patria o subversión”. Varios individuos durante estos años fueron llevados ante tribunales y no se respetaron los procesos legales respectivos.
Este, que es sólo uno de los momentos donde se puso en cuestión la primera enmienda, demuestra lo complejo que ha sido su ejercicio, razón por la cual debe indagarse en torno a ¿qué límites y qué garantías tiene en la actualidad la libertad de expresión?
Esta cuestión toma especial relevancia debido al papel protagónico que ha tenido Internet como la moneda de cambio en las comunicaciones actuales. Volveremos más adelante sobre esto. Por ahora, es necesario mencionar que la libertad de expresión es una condición indispensable para que se den las demás formas de autonomía social. No obstante, estos derechos de manifestación tienen una serie de limitantes que varían de un país a otro, dependiendo del sistema legal.
Por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas excepciones a la primera enmienda tales como: la incitación a una acción ilegal inminente; el falso testimonio; la obscenidad; la pornografía infantil; infringir angustia emocional severa o brindar declaraciones que pongan en peligro la seguridad nacional.
Bajo el paraguas de esta última limitación, el gobierno de Estados Unidos ha justificado toda clase de abusos a la libertad de expresión de miles de ciudadanos pues ¿quién establece realmente qué pone en peligro la seguridad del país?
El caso reciente más sonado respecto a la violación del derecho a la libertad de expresión es el del periodista australiano Julián Assange, detenido de manera arbitraria en Londres, luego de que fuera retirado su asilo en la embajada de Ecuador. El fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks (un canal dedicado a la filtración de noticias de interés público) fue pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos. La pregunta es si la primera enmienda puede proteger a Assange.
Aunque las opiniones están dividas al respecto, lo cierto es que Estados Unidos puede crear un artilugio legal para condenar al fundador de WikiLeaks so pretexto de “haber violado la seguridad nacional”.
Por esa razón, los peligros a la interpretación de las libertades y derechos están siempre latentes y sujetos en buena medida a quién lo ordena. En otras palabras, la existencia de la autonomía de pensamiento y expresión es un tema de poder y no de derechos como lo comprueba el caso Assange.
En efecto, su captura fue una operación que violó absolutamente las convenciones del derecho internacional establecidas por el grupo de trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias. Pasando por encima de las leyes internacionales, los gobiernos de Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos aplacaron a uno de los periodistas que mayores revelaciones ha hecho en los últimos tiempos a propósito de las malas prácticas en política.
Por eso es claro que la persecución a Assange es una prioridad del gobierno norteamericano. En tal sentido, en su carrera a la presidencia Donald Trump manifestó: “Amo a WikiLeaks”, pero su discurso ha cambiado drásticamente y es probable que sea la principal figura política que promueva la extradición de Assange como un bálsamo para conseguir la necesaria popularidad, ampliamente requerida en estos tiempos pre-electorales. No obstante, el periodista de origen australiano parece no tener garantías para un juicio justo.
Además, según se ha podido establecer, el gobierno de Estados Unidos quiere juzgar a Assange por hacker y no por periodista. Esto quiere decir que su colaboración con Chelsea Manning (ex analista del ejército de Estados Unidos, quién filtró miles de documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán e Irak) para descifrar una clave que les dio acceso a documentos secretos, es el motivo enrevesado que quieren utilizar para condenar al creador de WikiLeaks. Lo preocupante es que un gobierno pueda decidir quién es periodista y quien no, o incluso pueda considerar qué se puede hacer público, lo cual genera una clara violación a la libertad de expresión.
Por ese motivo, el caso Assange tiene una consecuencia de fondo y es el hecho de que la promesa de libertad promulgada por Internet ha llegado a su fin. Dicho de otro modo, el mensaje que tiene implícito la captura de Assange es que el periodismo que se atreva a denunciar, cuestionar o desafiar al poder será perseguido y juzgado. La libertad de expresión se convierte entonces en un campo restringido donde se reproducen las ideas de los poderosos sin el mínimo atisbo de crítica o cuestionamiento.
Todo este entramado ha permitido hacer una reflexión en torno a la actual censura de Internet. De hecho, es una cuestión fundamental en los tiempos que corren: ¿qué criterios utilizar para saber qué se puede prohibir y que no?
En ese sentido, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook pidió en una carta publicada por The Washington Post “nuevas reglas” para “proteger Internet de los contenidos peligrosos” e instó “un papel más activo por parte de los gobiernos” para el control de los contenidos inapropiados o lesivos. Esta declaración la hace el hombre cuya empresa vendió los datos personales de millones de usuarios a diversas empresas entre ellas Cambridge Analytica, responsable de influenciar a millones de votantes en el mundo.
Por esa razón, la libertad sólo es útil cuando beneficia a los poderosos, pero cuando no los beneficia, la respuesta es otra: juicio y censura. Resulta, por decir lo menos, increíble que un hombre que ha dedicado su vida a combatir los poderes oscuros de la política mundial sea encarcelado y aquel que vendió información personal de millones de personas sea considerado un héroe mediático. Parece que las prioridades en este mundo están invertidas.
Con relación a lo anterior, en el pasado mes de marzo de 2.019, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de copyright, lo cual significa un duro golpe para la libertad de expresión en Internet. Dos artículos particularmente han resultado polémicos: el primero relacionado con el uso digital de las publicaciones de prensa desde citas a enlaces, otorgando a los editores el derecho a autorizar o prohibir su reproducción, lo que brindaría un poder sin parangón a los creadores.
Y la segunda relacionada con la vigilancia de contenidos protegidos por parte de las plataformas, permitiendo que “ciberpolicías” puedan monitorear a los usuarios. Para algunos analistas estas restricciones suponen el fin de una era de intercambio de conocimientos y contenidos que fue el propósito fundamental de los inicios de Internet. El hecho de que se hagan cada vez más rígidos los mecanismos para compartir la información significa, sin ambages, la limitación y control de los internautas por parte de un puñado de empresas de informática.
En efecto, esta medida viola claramente la libertad de expresión toda vez que restringe la libre circulación de información y limita las acciones de las personas so pena de ser acusados de infringir delitos virtuales. Al respecto, Simona Levi, fundadora de Xnet, “califica el monitoreo como una “gobernanza algorítmica” y aunque las medidas se circunscriben a los derechos de autor cree que se extenderán más allá amenazando a la libertad de expresión”.
La tendencia de los gobiernos es a restringir al máximo los usos de Internet y a bloquear las opiniones disidentes. En consecuencia, es posible esperar que en un futuro cercano los contenidos estén cada vez más limitados y las producciones condicionadas a cumplir un marco regulatorio que no es otra cosa que la castración de los derechos y libertades virtuales.
Por ello, el debate central será determinar los mecanismos que se emplearán para establecer qué contenidos serán “infractores” de cara a lo que viene. Como otro escenario de relaciones de poder, Internet constituye un bastión de disputa entre los gobiernos y la ciudadanía. Ejemplo de lo anterior es la polémica propuesta de la primera ministra inglesa Teresa May de crear una autoridad “independiente” que limpie plataformas de contenidos considerados peligrosos.
Sin embargo, ¿no es esta una forma de censura moderna? En la misma línea, en Singapur se ha presentado un proyecto de ley contra las fake news, donde se permite a cada uno de los ministros del gobierno, la corrección y la eliminación de cualquier contenido que considere falso, lo cual crea una preocupación en torno a la censura en los tiempos actuales.
Este complejo escenario hace pensar que las batallas por la libertad de expresión se librarán en la red y es oportuno que el mundo conozca que las dictaduras y tiranías comienzan cuando una opinión contraria a la mayoritaria es ocultada, silenciada o despreciada. La censura a Internet es un primer campanazo frente a un eventual gobierno global de dictadores cibernéticos.
MINICISTERNA DE ÁGUA DE CHUVA - PROJETO DE BAIXO CUSTO PARA RESIDÊNCIA URBANA
